El regulador de medicamentos de Nueva Zelanda, Medsafe, concedió la autorización a un psiquiatra con amplia experiencia en el uso terapéutico de psilocibina, quien ha participado en múltiples ensayos clínicos previos. La medida representa un hito significativo para el país, que hasta ahora no permitía el uso de este compuesto fuera de la investigación científica, dejando a muchos pacientes sin alternativas innovadoras.
La aprobación está circunscrita a un único profesional, autorizado a prescribir, suministrar y administrar psilocibina a pacientes diagnosticados con depresión resistente a tratamiento. Este permiso incorpora salvaguardias estrictas: evaluaciones clínicas exhaustivas, revisión detallada de antecedentes médicos para descartar posibles riesgos y la obligación de mantener un registro riguroso de cada intervención para informar a Medsafe periódicamente.
La psilocibina ha mostrado en estudios internacionales –publicados en revistas como The Lancet Psychiatry y Journal of Psychopharmacology– una capacidad notable para reducir síntomas depresivos de manera sostenida con una o pocas dosis. No obstante, en Nueva Zelanda sigue clasificada como sustancia fiscalizada de Clase A, lo que implica restricciones legales muy severas para su uso y distribución fuera de entornos médicos controlados.
La decisión se alinea con movimientos emergentes en otros países. Australia aprobó en 2023 el uso psiquiátrico de psilocibina y MDMA bajo condiciones estrictas, mientras que Suiza permite su uso compasivo en contextos médicos autorizados. En Estados Unidos, Oregón y Colorado han liderado iniciativas para legalizar y regular el uso terapéutico de psicodélicos, abriendo un debate internacional sobre el papel de estas sustancias en la salud mental.
Aunque esta aprobación en Nueva Zelanda es muy restrictiva y limitada a un único profesional, Medsafe está desarrollando directrices que podrían facilitar que otros especialistas con la formación adecuada soliciten autorizaciones similares en el futuro. Esto podría marcar el inicio de un cambio gradual en la política sanitaria del país, basado en la evidencia científica y la demanda creciente de terapias alternativas para trastornos mentales graves.
