Gustavo Petro, el que será el nuevo presidente de Colombia a partir de agosto, podría ser la persona que regule el uso recreativo del cannabis y ponga fin a las políticas prohibicionistas, en especial las de la hoja de coca y la cocaína. Durante su campaña, el candidato de la coalición Pacto Histórico criticó el enfoque de guerra contra las drogas impulsado por EE UU y mantenido hasta hoy, y prometió un cambio en las políticas en el que podría tener cabida algún tipo de legalización de las drogas.
Todavía es pronto para saber qué alcance tendrán las acciones de Petro, aunque lo que parece seguro es que se planteará una regulación del cannabis para adultos y también se descartarán definitivamente las fumigaciones de glifosato para los cultivos de coca. Durante décadas, las fumigaciones aéreas con ese herbicida han sido el medio favorito del Gobierno para erradicar las plantaciones de coca, incluso después de que el glifosato fuese clasificado como un probable carcinógeno para humanos. A pesar de sus riesgos y los daños que provoca en el medio ambiente y las poblaciones, en los últimos años el Gobierno actual ha intentado reanudar las fumigaciones, saltándose la propia ley del país.
Más allá del fin de las fumigaciones, el cambio en la política respecto a la hoja de coca puede realizarse por dos vías complementarias. Por un lado, está la estrategia de la sustitución de los cultivos de coca por otros cuyas cosechas también sirvan a los campesinos para poder vivir sin condenarlos a una mayor pobreza. Un cultivo del que ya se ha hablado como posible sustituto es el del cannabis. Por otro lado, también se pueden regular los cultivos de la hoja de coca y los múltiples usos de la planta, desde los medicinales hasta los alimentarios o los recreativos.
La legalización de la hoja de coca y la cocaína es un proyecto de ley que ya existe y fue introducido en el Parlamento colombiano en 2020, pero luego quedó estancado. El proyecto incluye la creación de cooperativas campesinas para el cultivo de la hoja, que venderían la hoja al Estado, y este se encargaría de destinarla a diferentes fines, uno de los cuales sería la extracción de cocaína para su posterior venta en farmacias a personas mayores de edad registradas.
La intención del proyecto es implementar la venta de cocaína bajo criterios de salud pública y reducción de riesgos, de modo que se limitaría la venta de cocaína a un gramo por persona y semana, sin posibilidad de acumularlos. Los consumidores de cocaína estarían sometidos a un monitoreo médico constante, y sería el médico quien daría el permiso para su compra.
