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Priorizar a los agricultores del cannabis como vía para la justicia social

Un nuevo informe defiende que la industria del cannabis tiene la oportunidad de generar mercados más sostenibles y equitativos.

Cada vez más países están regulando el cultivo y la producción de cannabis en todo el mundo, un proceso que conlleva la creación de nuevas oportunidades económicas que pueden beneficiar a unos u otros actores, según cómo se diseñen las políticas. Un nuevo informe del Transnational Institute, una fundación que promueve políticas para mejorar la justicia social y la democracia, apunta que la nueva industria del cannabis es una oportunidad única para priorizar a los pequeños agricultores y promover un desarrollo económico más sostenible y equitativo.

El informe, Un futuro sostenible para los agricultores del cannabis, sostiene que reducir las barreras legales para los pequeños productores y elevarlas para las grandes empresas permitiría que la nueva industria no acabe únicamente en manos de grandes corporaciones, sino que ayude a mejorar las economías de comunidades pocos recursos que dependen exclusivamente de la agricultura. “Los mercados legales emergentes padecen la voraz captura de las grandes empresas, que expulsan a los pequeños cultivadores del Sur”, advierte el informe.

Sus autores proponen que en los países en los que se cultiva cannabis tradicionalmente se apliquen leyes para permitir a estos pequeños productores entrar en el mercado legal. Ya hay varios países que producen cannabis tradicionalmente que han comenzado a explorar opciones para incluir a estos campesinos agricultores. Sin embargo, los autores señalan que “las barreras de entrada no son fáciles de superar y, hasta el momento, son escasos los pequeños agricultores que lograron abrirse paso en el multimillonario mercado de cannabis medicinal”.

A lo largo de sus páginas, el informe detalla el impacto positivo que estas políticas podrían tener, no solo a nivel económico y social, sino también medioambiental, apostando por mercados basados en los principios de “empoderamiento comunitario, justicia social, comercio (más) justo y desarrollo sostenible”.

Las medidas propuestas en el informe también han sido formuladas en otros informes —como la guía Cannabis sostenible: manual de políticas públicas—  y por organizaciones, políticos y expertos de distintos países, que insisten que la legalización de la producción del cannabis debe servir para mejorar las economías de las comunidades campesinas, indígenas y agrícolas, y no únicamente enriquecer a las grandes corporaciones y empresas farmacéuticas.

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