El texto modifica definiciones clave de la Ley de Ambientes Libres de Humo de Florida, introduciendo una definición amplia de “lugar público”, actualiza los conceptos de “fumar” y “vapear” e incluye de forma explícita el término “marijuana” para cubrir tanto combustión como aerosoles. En la práctica, la norma prohibiría fumar o vapear cannabis en cualquier espacio público del estado, con excepciones limitadas. También ajusta reglas para salas de fumadores personalizadas, donde se impediría fumar o vapear productos de cannabis en todo momento.

La propuesta surge en un contexto de regulaciones locales que ya restringen el tabaco en playas y parques, y que han generado interpretaciones dispares sobre el cannabis. Al añadirlo a la misma órbita normativa, el proyecto pretende clarificar la aplicación de sanciones administrativas en entornos abiertos y áreas comunes, alineándolas con las que rigen para el tabaco. La medida abarca igualmente dispositivos de vapeo, un punto que los municipios venían solicitando para reducir ambigüedades.

El debate estatal sobre el uso adulto de cannabis siguió vivo tras el fracaso de la enmienda de 2024 y mientras una nueva iniciativa busca llegar a la papeleta de 2026. En ese escenario, la propuesta de Andrade no regula el mercado ni el acceso solo se centra en conductas en espacios públicos. De aprobarse, la entrada en vigor está fijada para el 1 de julio de 2026 y su tramitación legislativa definirá el alcance final y la coordinación con ordenanzas locales.

Diversas organizaciones sostienen que equiparar cannabis y tabaco en materia de humo ambiental puede aportar reglas claras de convivencia, pero advierten que la política pública no debería confundirse con criminalización del usuario en el espacio público. La discusión legislativa será la oportunidad para incorporar criterios de reducción de daños, así como revisar vías para habilitar espacios de consumo regulados que eviten desplazamientos hacia ámbitos informales o clandestinos.