Son muchas las trabas que las autoridades españolas ponen a las empresas e instituciones que quieren dedicarse a la investigación de las propiedades medicinales de la marihuana. Solo cinco han recibido esta autorización de las 160 peticiones que ya se han realizado en nuestro país.

Recordemos que ha concedido autorización para la producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de cannabis con un contenido superior al 0,2% de tetrahidrocannabinol (THC) para la industria farmacéutica a DJT Plants Spain S.L. y Alcaliber, S.A. También, pero con un permiso específico para "fines de investigación o fines exclusivamente didácticos y educativos", a CIJA-Preservation, DJT Plant Spain S. L., Phytoplant y la Universidad Politécnica de Valencia.

La licencia de Phytoplant permite el desarrollo de variedades de cannabis que tienen “interés medicinal por su composición química" y como reconoce y se vanagloria la AEMPS: “Hasta el momento, se han obtenido resultados relativos a la obtención de nuevas variedades de cannabis”. Pero también La AEMPS ha autorizado el cultivo de aproximadamente 20.000 hectáreas de plantas de cannabis con fines de investigación, empleando variedades de cannabis con un contenido inferior al 0,2% de THC.   

Una de estas empresas autorizadas es Freedom Leaf con pretensiones de ser una de las grandes en el cultivo del cáñamo. Según su dirección ya tienen pedidos de más de 3.000 kilos de cáñamo industrial con certificado europeo (THC menor del 0,2%), con ventas proyectadas de cerca de 600.0000 dólares para noviembre de 2018. Cuando se esté a pleno rendimiento en 2019, con actualizaciones de última generación, anticipan que esta instalación producirá más de 50 toneladas de cáñamo industrial de alta calidad por año. Y como reconocen “cuando el cannabis recreativo se legalice, será fácil para nosotros convertir nuestra producción para satisfacer esa demanda”.

Uno de los cinco pilares acordados para una Regulación Responsable es el de la producción y venta por particulares con licencia. Fue sin ninguna duda el más polémico de todos, debido al temor de que “el pez grande se coma al pequeño”, un miedo comprensible por parte de las asociaciones de autocultivadores que temen quedarse sin socios ni trabajo incapaces de competir con el precio al que las grandes empresas pueden llegar a dispensar el cannabis. Como cuenta Freedom Leaf, ellos pueden producir cannabis a un promedio de 0,2 euros el gramo. Así que, si llegado el momento de la regulación no se les aplica una política de impuestos rigurosa a estas grandes empresas, las asociaciones de autocultivo se quedarán vacías, ya que para el usuario el precio de adquisición importa.

El mercado negro, ya casi blanco, está dejando los precios de producción entre 1,5 y 2 euros el gramo, con lo que el margen de impuestos para estas empresas productoras con licencia puede ser del orden de 1500 euros el kilo de flor producida. Teniendo en cuenta que actualmente en las asociaciones sin ánimo de lucro el cannabis producido viene a costar, de promedio y sin contar el gasto de luz, entre 4 y 5 euros el gramo para el socio, aún hay más margen para gravar fiscalmente la actividad de los que venden al público con licencia. ¿Cuánto podría beneficiarse el Estado con la regulación del mercado? Es hora de empezar a echar las cuentas, escuchando a las asociaciones y a los actores implicados desde hace años a favor de la regulación. Para que el Estado se beneficie, sí, pero sin favorecer en exclusiva a las grandes empresas. Para que el beneficio sea de todos menos de las mafias que ahora se enriquecen al calor de la prohibición.