Este mes de abril hay elecciones generales para elegir a los representantes que ocuparán los escaños en el parlamento del Estado, y es este parlamento el único estamento que tiene la potestad de legislar en la materia que nos interesa, la marihuana.
Muchas de las comunidades autónomas ya han intentado regular el cannabis de una manera u otra, pero, al no tener competencia, solo pueden proponerlo; así la Asamblea Regional de Murcia y los parlamentos de la Rioja, Cantabria, Asturias, Canarias, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana han aprobado Propuestas No de Ley donde por unanimidad instaban al Gobierno a tomar la iniciativa de regular el uso terapéutico. Baleares por unanimidad y Navarra por mayoría dieron un paso más al solicitar al Congreso de los Diputados la creación de una ponencia que estudie la viabilidad de la regulación integral del uso del cannabis. Euskadi y Cataluña quisieron ir aún más allá reconociendo la existencia de los clubs de consumidores y regularlos, pero a instancias del gobierno central el Tribunal Constitucional sentenció que invadía competencias del Estado y lo desautorizó.
Al cierre de esta edición todavía no se habían publicado los programas electorales de la mayor parte de partidos que concurren a las elecciones. Sin embargo, sabemos cómo se han ido posicionando los partidos mayoritarios hasta ahora.
El PP cree que el cannabis afecta al desarrollo cognitivo y produce alteraciones neurológicas, por lo que se opone a la legalización; también, según ellos, porque responde a una “ambición mercantilista” que facilita el consumo y expande un mercado que aportaría “pingües beneficios a quien lo liderara”. Para el PP la estrategia pro cannabis dificulta la puesta en marcha de proyectos de cannabis medicinal.
Ciudadanos cree que se han de llevar a cabo las modificaciones legales oportunas con el fin de “regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis y derivados de éste, bajo estricta indicación y supervisión médica para aquellas patologías en las que haya demostrado eficacia o el facultativo lo considere indicado”. También proponen regular el cultivo “controlado” de cannabis siempre que su posterior utilización sea medicinal “con los niveles de calidad, trazabilidad y seguridad necesarias”.
Para Podemos y Esquerra Republicana es necesaria una regulación integral del cannabis, una regulación antimonopolio que genere beneficios sociales para todos. Ambos partidos tienen claro que la legalización beneficiaría la salud pública porque aseguraría la calidad del producto, acabaría con el narcotráfico, aportaría ingresos al Estado, crearía puestos de trabajo y reduciría el crimen.
Respecto al PSOE, en cambio, su postura contradictoria y ambivalente hace imposible saber qué harán, ya que cuando están en la oposición dicen que sí a la regulación y cuando ostentan el poder se oponen. En muchas comunidades autónomas, se han mostrado favorables, no solo al uso médico sino incluso a la legalización del cannabis para uso recreativo. El órgano directivo del partido, mucho más cauto, ya ha comentado que no se pronunciará sobre la validez de su uso médico hasta que lo haga la ONU, dando tiempo de paso a que las farmacéuticas amigas se posicionen en este nuevo mercado de medicamentos. Por ahora la regulación del uso lúdico a través de los CSC y las cañamerías no está entre sus prioridades, a pesar de la demanda social.
Solo la influencia internacional de otros países que ya están regulando o un activismo cannábico unido capaz de abrir con ambición el debate, podrá hacer que las cosas cambien y nuestra amada planta y sus usuarios dejen de estar perseguidos en la próxima legislatura.
