No basta el clamor popular por parte de los usuarios ni la predisposición de algunos de los partidos políticos ni que desde sectores jurídicos, sanitarios o sociales se esté reclamando al legislador una regulación del consumo de marihuana: los partidos mayoritarios tienen miedo a las consecuencias electorales que les podría suponer apuntarse al cambio.
La idea de que la legalización supone una banalización además de una promoción del consumo de drogas por parte del Estado ya se ha demostrado falaz en los países donde se ha tomado la decisión de regular este comercio, una realidad que jamás va a eliminarse con sanciones o medidas restrictivas. Como sabemos, los posibles daños deben ser minimizados con una regulación que venga acompañada por medidas sanitarias, educativas y de concienciación de los efectos derivados del consumo.
Algunos jueces que deben decidir si envían a prisión o absuelven a los responsables de los clubes cannábicos (CSC) por tráfico de marihuana, en más de una ocasión, han pedido a los legisladores que fijen “un marco normativo claro” sobre “una actividad que ahora permanece en los limbos de la alegalidad”. Una actividad que al no estar regulada queda a expensas de la interpretación de los mismos jueces. Y parece que algo puede cambiar, y sería una seria presión para los legisladores, si los jueces se abren a exculpar a los CSC.
Clubes que España no regula y Alemania, Malta o Uruguay toman como modelo. Esperemos que el reconocimiento de licitud de algunos CSC, como ha pasado con Alacannabis, ayude al cambio político en favor de la regulación. En este caso, el juez interpretó la ley y concluyó que esta asociación cannábica cultivaba única y exclusivamente para satisfacer su consumo propio, descartando que hubiese cometido delito alguno. Una sentencia que ya es firme al no ser recurrida por la fiscalía. Puede que sentencias como estas obliguen a los legisladores a poner arreglo al desbarajuste. No sería el primer país en el que las sentencias de la administración de Justicia provocan un movimiento en los legisladores.
Esto puede contradecirse con lo que ha pasado en Barcelona, que, al dejar de estar los CSC amparados por una licencia específica, inspecciones de técnicos municipales y agentes de la Guardia Urbana concluyeron con varias órdenes de cierre, con la excusa de que se consumía cannabis en el local. Esperemos al menos que en las interpretaciones para cerrarlos se sepa distinguir entre el comercio para turistas y el grupo de amigos que se juntan para acceder a un consumo responsable. Hablamos de clubes donde se puede consumir cannabis, donde se cultiva y se distribuye entre un grupo conocido de socios, sin que esa conducta pueda ser constitutiva de infracción penal, como interpretaron en el caso de Alacannabis.
El Tribunal Supremo no ignora el debate sobre la cuestión, sentenciando “que no es función de un Tribunal interferir en ese debate, que sobrepasa el ámbito nacional”, pero que “podría ser más eficaz o arrojar en conjunto más réditos que perjuicios una política de mayor tolerancia”.
Ahora que hay una corriente de cambio de políticas de drogas a escala mundial, España no puede escapar de los movimientos normativos internacionales. Ya no hay excusa para no regular el cannabis de uso adulto. ¿Serán las sentencias absolutorias las que obliguen a moverse a los políticos?
