La auditoría, contenida en el Informe Final N° 80/2026, revisó el proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Su objetivo fue verificar si los beneficiarios cumplían los requisitos exigidos, si los recursos se ajustaban a la normativa aplicable, si eran destinados a los fines acordados y si existían controles adecuados de seguimiento y supervisión.

El informe detalla una omisión administrativa del INDAP ya que no realizó acciones de fiscalización sobre tres beneficiarios con antecedentes vinculados a actividades ilícitas relacionadas con sus predios y el cultivo de cannabis. Este caso se inserta en una discusión más amplia sobre la marihuana en Chile, donde el cultivo medicinal convive con vacíos regulatorios y controles estatales desiguales.

El episodio también dialoga con una política pública que suele endurecerse por la vía penal antes que por la vía regulatoria. Mientras el Congreso chileno ha discutido medidas más severas sobre el porte y consumo de marihuana, los informes de control muestran que sin fiscalización suficiente, incluso los programas estatales de fomento pueden quedar expuestos a usos irregulares.

Ese contraste se vuelve más evidente cuando se observa el lugar que ocupa el cannabis en la agenda de seguridad. Las autoridades han informado en los últimos años aumentos relevantes en las incautaciones de cannabis en Chile, pero el informe de Contraloría desplaza el foco hacia otro terreno, el de cómo se controla aquello que el propio Estado financia.

El caso vuelve a mostrar cómo el cannabis aparece rápidamente como señal de alarma pública cuando se cruza con circuitos ilegales. Pero la lectura no puede quedarse en la planta. El informe describe una falla más amplia con controles débiles, bases de acreditación desactualizadas, poca supervisión presencial y recursos estatales entregados sin verificación suficiente.

Por eso, en un debate donde la prohibición suele simplificar problemas complejos, la pregunta de fondo es cómo el Estado fiscaliza sus propias políticas de fomento y cómo evita que la falta de control termine alimentando irregularidades que después se presentan como argumentos contra toda regulación.