Los hechos ocurrieron en septiembre de 2018, cuando la casa de El Quemadero se incendió y tras la llamada de los vecinos acudieron los bomberos y la policía. Con el permiso del propietario los funcionarios entraron en la vivienda para apagar el fuego y, tras sofocarlo, descubrieron que se había originado en un enganche ilegal que la vivienda tenía practicado al fluido eléctrico. Los agentes de policía siguieron la línea del enganche por el interior de la casa y descubrieron una plantación ilegal de cannabis con 149 plantas. El hombre fue detenido por un delito contra la salud pública y otro de defraudación del fluido eléctrico. Pero en el juicio, celebrado este verano, el acusado se ha librado de los cargos debido a que la juez ha considerado que el propietario de la vivienda en ningún momento autorizó a los agentes a que practicaran un registro para investigar el suceso. Es decir, la sentencia considera que la autorización que el propietario dio a los agentes era únicamente para apagar el fuego, pero en ningún caso para que investigaran el origen del incendio, y puesto que no se estaba produciendo ningún delito flagrante no podían hacerlo sin el permiso expreso. “Debió la Policía Nacional de recabar consentimiento del morador de la vivienda, consentimiento que presentó dudas más que notables tras la práctica de la prueba en la vista oral”, concluye la sentencia.