La resolución publicada el 5 de octubre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía formaliza un paso laboral del cierre delegando en la Secretaría General la negociación de acuerdos para el traslado colectivo del personal adscrito a la Comunidad Terapéutica de Mijas. El establecimiento, con capacidad para 32 usuarias, había dejado de funcionar en agosto.

ElDiario.es informó que nueve mujeres estaban internadas cuando se comunicó el cierre. Según el medio, algunas fueron trasladadas a otro centro, mientras que otras recibieron el alta o una salida terapéutica. La cobertura también señaló que la Junta invocó un informe desfavorable por riesgos de incendio e inundación, pero el documento no fue publicado entre las fuentes consultadas.

La decisión supone la pérdida de un recurso público dedicado exclusivamente a mujeres con problemas de adicciones. El centro atendía también a usuarias que habían vivido violencia de género, según el reportaje de elDiario.es. Una de ellas, identificada bajo pseudónimo, relató que el espacio le permitió concentrarse en su recuperación. Su experiencia ayuda a entender por qué algunas usuarias valoran una atención residencial diferenciada. En Cáñamo publicamos en 2021, un reportaje sobre la discriminación de las mujeres que consumen drogas recoge cómo el estigma puede afectar también su acceso a servicios y apoyos.

En junio, el Gobierno andaluz anunció 20 plazas residenciales específicas para mujeres mediante conciertos con Proyecto Hombre, diez en Sevilla y diez en Córdoba. También informó que estaba pendiente de resolver una convocatoria para otras 14 plazas. Ese anuncio no establece que los nuevos cupos reemplacen a Mijas ni detalla si ofrecen las mismas condiciones de acceso y atención.

La diferencia entre una plaza residencial y otros modelos de acompañamiento se aprecia en proyectos y recursos dirigidos a mujeres que consumen drogas, que no necesariamente cumplen la función de una comunidad terapéutica. La experiencia de Metzineres, un proyecto de atención integral a mujeres que usan drogas, ofrece otro ejemplo de cómo algunos dispositivos adaptan su trabajo a las necesidades de sus usuarias, aunque su modelo tampoco equivale a un tratamiento residencial.

La Junta situó esas medidas en su Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones 2026–2029, que incorpora la perspectiva de género como línea transversal. En paralelo, sindicatos han cuestionado la falta de información sobre el cierre y reclamado que se haga público el informe de seguridad. La documentación oficial disponible confirma el trámite de traslado del personal, pero no permite evaluar por sí sola qué alternativas tendrán las usuarias.

Entre el cierre de Mijas y la apertura efectiva de nuevas plazas hay una diferencia que los anuncios no resuelven. Para las mujeres que necesitan atención residencial, la continuidad depende de que los recursos prometidos estén disponibles y respondan a necesidades concretas.