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El Grupo de Estudios sobre Políticas del Cannabis publica manifiesto sobre la necesidad de una regulación integral

El Grupo de Estudios sobre Políticas del Cannabis publica manifiesto sobre la necesidad de una regulación integral

Redacción

El GEPCA (Grupo de Estudios sobre Políticas del Cannabis) nos envía un comunicado sobre la necesidad de la regulación integrál del cannabis en España.

Hace ya tres años que el equipo interdisciplinar GEPCA, Grupo de Estudios sobre Políticas del Cannabis, emitió un amplio informe en el que se argumentaba la necesidad de cambiar la orientación de las estrategias al respecto en España y se presentaba, para su debate, un modelo integral de regulación.

En el modelo se subrayaban cuatro postulados básicos: 

- Si el mercado y el consumo de cannabis debe ser regulado no es porque no presente riesgos sino precisamente porque los presenta.

- Para esa regulación, frente a la alternativa única y excluyente de prohibición radical y la penalización, son válidas diversas fórmulas complementarias y progresivas: la educación, la disuasión, el control social y ritual, los controles administrativos y fiscales, incluso la sanción penal de determinadas conductas especialmente graves.

-El objetivo central de la regulación debe ser la conciliación de los derechos individuales de las personas potencialmente consumidoras con la protección de la seguridad colectiva, especialmente de los grupos más vulnerables.

-El modelo no parte de un “vacío histórico”. La sociedad española lleva muchas décadas conviviendo con el cannabis, habiéndose conformado unas actitudes y percepciones colectivas que no pueden obviarse. Señaladamente no pueden pasarse por alto las numerosas iniciativas sociales que fueron surgiendo como alternativas al mercado informal y que proliferaron en un cierto contexto de alegalidad. 

Pues bien, hoy, tres años más tarde, mientras las tendencias internacionales confirman el camino de la regulación, en España no se han modificado en absoluto la pacata inhibición política y la parálisis legislativa, sordas ante las demandas de amplios grupos sociales y ciegas ante los perjuicios que, en nuestra sociedad, determina esa falta de atención a la evolución y a las necesidades sociales.

Las únicas iniciativas que aparecen se centran en el recrudecimiento de la persecución un tanto errática de los clubes sociales de cannabis, supuestamente justificada por los abusos y mala praxis de estos recursos, con olvido de que esas desviaciones están favorecidas precisamente por la ausencia de regulación que permite el medro de intereses oscuros. Junto con ello, proliferan las noticias que apuntan a la concesión legal de permisos de cultivos de cannabis con finalidades poco claras, en condiciones no explicadas y a corporaciones de compleja arquitectura societaria. Más allá de la esquizofrenia moral que estas concesiones implican, no creemos que pueda dudarse de la exigencia de aclarar todo el proceso.

En todo caso, el bloqueo político y legislativo en España no es inocuo para nuestra sociedad. La persecución penal y administrativa del cannabis fue legitimada como una manera de proteger la salud, pero la realidad demuestra que no se han logrado las metas perseguidas de erradicar o disminuir el tráfico y el consumo; muy al contrario, las series históricas muestran que ha existido un aumento progresivo de la presencia de cannabis o una estabilización en niveles muy altos. Todo ello al tiempo que se institucionalizaba la imagen del producto, en un imparable proceso de normalización. Este mantenimiento coincidente de la represión formal con la naturalización social supone obvios efectos perversos:

- Los mensajes y programas de prevención y reducción de daños se ven desacreditados por la criminalización de las poblaciones diana, lo cual conlleva desconfianza.

-  Las personas con potenciales problemas por el consumo ven dificultado su acceso a la atención por causa de la estigmatización.

-  Las personas menores de edad comparten con quienes ostentan la mayoría de edad el acceso a los circuitos ilegales; no tienen especialmente restringido el acceso a la sustancia

-  Los cultivos producidos y comercializados sin control tienen una potencia y pureza desconocidas, lo cual incrementa el peligro de intoxicación y otros riesgos para la salud de los consumidores.

-  La criminalización inclina el mercado hacia la producción de sustancias más potentes porque resultan más rentables. También puede alimentar el surgimiento de nuevas drogas, como los cannabinoides sintéticos, con más riesgos para la salud.

-  La oferta de otras drogas en el mercado no regulado aumenta la oportunidad de comprar otras sustancias ilícitas con más riesgos, como cocaína o heroína.

-  La imposibilidad del acceso legal al cannabis medicinal, excepto en supuestos muy restrictivos, lesiona gravemente los derechos de las personas que se beneficiarían de la utilización del cannabis por motivos terapéuticos, posibilidad ampliamente demostrada. Y eso, con repercusiones para su salud y su calidad de vida, así como para la de sus familiares y/o personas que les cuidan.

-  Todo ello sin hacer mención al fomento de la corrupción, la desestructuración social y la erosión del sistema que los beneficios del mercado ilegal implican.

No cabe aceptar la simpleza demagógica de que la regulación no suprimiría del todo estos problemas. Obviamente es así; pero los cambios sociales no se producen en bloque sino a través de modificaciones, más o menos rápidas y completas, de lo establecido. Y no hay duda de que la regulación propuesta supondría mejoras y transformaciones coherentes con los principios del Estado social y democrático de Derecho.

Por todo ello, reiteramos nuestra demanda de hace tres años: una regulación integral de las tres vías naturales de acceso a la sustancia (el mercado legal, el uso corporativo y asociativo y el autocultivo personal) y de las formas y circunstancias del consumo. Todo ello para proteger, y mejorar la salud pública, reducir los delitos relacionados con la prohibición, mejorar la seguridad y el desarrollo, proteger a las personas menores de edad y a los grupos vulnerables, proteger los derechos de las personas consumidoras y maximizar la eficacia del gasto público.

Una demanda que se concreta en dos exigencias esenciales.

-  Que los partidos políticos representados en el Congreso planteen debates y ponencias destinadas inequívocamente a revisar y mejorar el marco legislativo en relación con la producción y consumo de cannabis.

-  Que se exija transparencia absoluta en la adjudicación de licencias para el cultivo legal de cannabis.