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El Ministerio del Interior confirma que un club llevado a juicio estaba debidamente registrado

El juicio continúa a pesar de que el club fue incluido en el Registro Nacional con estatutos en los que se reconocía la intención de cultivar y consumir cannabis.

El Ministerio del Interior ha confirmado que la solicitud del club de cannabis Valladolid 420 presentada en 2015 para pedir su inscripción como asociación fue tramitada en el Registro Nacional de Asociaciones al no observar delito. La información ha sido remitida al juez que está llevando el juicio presentado contra esta asociación, que fue intervenida por la policía en 2019.

El juicio se inició y se suspendió en tan solo media hora el pasado enero. El juez quiso comprobar que la asociación estaba debidamente inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con una descripción ajustada de su actividad, como aseguraron los acusados. Para ello solicitó un informe al Ministerio del Interior, cuya respuesta se conoció este fin de semana.

Según la información recogida por Europa Press, el Ministerio del Interior ha respondido que el club Valladolid 420 solicitó su inscripción en el año 2015, y que el procedimiento quedó en suspenso, pendiente de consulta a la Fiscalía provincial por las dudas sobre si la actividad recogida en sus estatutos era lícita (se especificaban actividades de cultivo y autoconsumo de cannabis). No obstante, el registro del club fue trasladado al Registro Nacional de Asociaciones asegurando que no se observaba delito alguno.

El club cannábico quedó debidamente registrado el 13 de junio de 2017, ha informado el Ministerio del Interior. El juez también pidió un informe a la Agencia Española del Medicamento, para preguntar si el club había solicitado algún permiso para cultivar cannabis y la Agencia ha respondido que no emitió ningún permiso de cultivo. La Fiscalía de Valladolid ha seguido manteniendo la acusación contra los tres responsables del club Valladolid 420 para quienes solicita una pena de un año y ocho meses de prisión por delito contra la salud pública, de modo que el juicio sigue en marcha.

Los tres hombres fueron detenidos en febrero de 2019, cuando varios agentes de la Policía Local se presentaron en el local alquilado por la asociación después de recibir un aviso vecinal por olor a marihuana. Los agentes intervinieron en el local, incautando dos botes de cannabis con un total de 195 gramos, 114 plantas de cannabis y 303 euros. El abogado de los acusados pidió la nulidad de la intervención y el registro policial porque entraron sin permiso de los acusados y sin orden judicial. Según el diario Norte de Castilla, el juez dijo que se pronunciará al respecto en la correspondiente sentencia.

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