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El Senado español incluye la proposición de ley para regular el cannabis en el Boletín del Senado

La proposición de ley será incluida en el orden del día de una sesión plenaria para su toma en consideración.

La proposición de ley para regular el autocultivo de cannabis y las asociaciones cannábicas en España, presentada en el Senado por el grupo Izquierda Plural ha sido introducida en el Boletín Oficial del Senado y será incluida en el orden del día de una próxima sesión plenaria para su toma en consideración. La proposición, elaborada por el partido RCN-NOK a partir de otras dos normativas autonómicas fue registrada por el grupo Izquierda Plural, que incluye los partidos Adelante Andalucia, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem.

Después de presentar una proposición de ley en el Senado, se abre un plazo de quince días en el que pueden presentarse otras proposiciones de ley alternativas. Este periodo ya ha concluido sin que se presenten proposiciones alternativas, por lo que el Senado ha determinado que la proposición de ley “está en condiciones de ser incluida en el orden del día de alguna de las siguientes sesiones plenarias, a efectos del trámite de toma en consideración”.

El día en que la proposición deba ser tomada en consideración en el pleno (fecha pendiente de establecer), deberá intervenir un proponente para su defensa, seguido de dos turnos a favor y dos en contra, y luego un turno de Portavoces de los Grupos parlamentarios. Luego la toma en consideración de la proposición se somete a votación y, si es aprobada, la proposición de ley se remite al Congreso de los Diputados para su tramitación. Si no es aprobada, finaliza la tramitación.

Todo apunta a que la proposición no será tramitada, pues los grupos políticos que están a favor de regular el autocultivo y los clubs de cannabis cuentan con menos representantes que los que están en contra. Desde hace años el PSOE es el partido que tiene la capacidad política para iniciar la tramitación de una ley de cannabis que acabe con la inseguridad de los usuarios, facilite el uso medicinal y abra un mercado seguro con oportunidades económicas; pero hasta la fecha se ha negado.

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