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Advierten que la ley mexicana del cannabis puede criminalizar a indígenas y campesinos

Asociaciones civiles y empresariales piden modificaciones en el borrador de la ley para que se tenga en cuenta a las comunidades indígenas y campesinas.

La futura ley mexicana que regulará la producción y el uso de cannabis entre adultos, cuya aprobación ha sido retrasada en numerosas ocasiones, parece que avanza hacia su definitiva aprobación. El debate sobre el texto final está generando numerosas críticas en varios sectores del país, que temen que la futura ley se haga a medida de las grandes empresas para atraer a compañías extranjeras y deje fuera a los campesinos del país, a los pequeños productores y poblaciones indígenas.

La semana pasada los directivos del Consejo Cannábico Nacional, una agrupación de pequeñas y medianas empresas del cannabis, advirtieron que los campesinos e indígenas podrán ser criminalizados por el Estado si se aprueba el actual borrador de la ley, que no contempla los usos tradicionales de la planta ni la situación de las comunidades con menos recursos, según publicó Contrarréplica.

Esta agrupación empresarial denunció que los indígenas no podrán utilizar el cannabis en remedios herbolarios sin un permiso de las autoridades sanitarias, y que la siembra de las plantas estará supeditada a la obtención de semillas certificadas. La falta de recursos económicos puede ser un obstáculo para que estas comunidades obtengan los permisos necesarios para llevar a cabo estas actividades legalmente y por lo tanto corren el riesgo de ser criminalizadas y quedar excluidas de las oportunidades que ofrecerá la regulación.

El debate sobre la ley ha sido retomado esta semana, y varios sectores sociales del país están tratando de visibilizar la necesidad de introducir modificaciones sobre el borrador de ley que fue aprobado por el Senado el pasado noviembre. La semana pasada la a Alianza Latinoamericana de la Cannabis, una alianza de asociaciones civiles mexicanas por la regulación, publicó un manifiesto de nueve puntos en el que se pide que la futura ley proteja “la soberanía de los campos, campesinxs y productorxs de cannabis mexicanos, otorgando el 60 por ciento de licencias a productorxs indígenas”, y que “las licencias y permisos de cannabis deberán mantenerse lo más sencillos y accesibles para campesinxs, productorxs y comerciantes locales”.

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