En Dinamarca unas 12.000 personas viven en la marginalidad atravesadas por dependencia, enfermedad mental y deudas. Según la argumentación oficial, decomisar sustancias para uso personal, imponer multas o abrir causas penales no corrige ese cuadro y a menudo lo empeora. La propuesta, por eso, no se presenta como una liberalización general del mercado de drogas, sino como un cambio de trato hacia una población definida por la vulnerabilidad extrema.

El acuerdo cerrado a principios de 2026 no se agota en el plano penal ya que prevé más salas de consumo supervisado, ampliación de horarios, mejor respuesta a los síndromes de abstinencia, asesoramiento permanente, distribución de material estéril y un refuerzo de la atención social mediante unidades móviles y espacios integrados de ayuda. El texto fija, además, una financiación de 26,4 millones de euros para 2026 y 35,3 millones de euros anuales desde 2027, una señal de que la reforma aspira a sostener una infraestructura pública y no sólo a enunciar un giro discursivo.

Dinamarca ya había introducido en 2024 una excepción más limitada vinculada a las salas de consumo, pero ahora amplía ese margen para que la población objetivo no dependa de estar camino a uno de esos dispositivos para evitar el decomiso. El acuerdo subraya que la medida no supone una despenalización general ya que la policía y la fiscalía seguirán persiguiendo la venta, la distribución y la posesión que no pueda considerarse destinada al uso personal, contemplando una evaluación de la propuesta a los tres años de su puesta en marcha.

En ese sentido, la reforma danesa busca, sin alterar la persecución del mercado ilegal ni establecer una despenalización general, que el problema se desplace desde el castigo hacia la atención, colocando a la política social en el centro de la respuesta que brinda el Estado.