El artículo "The High Cost of Low Evidence" publicado en The American Journal of Medicine subraya las trabas que enfrentan los científicos para estudiar el cannabis en un país donde 38 estados han legalizado su uso medicinal o recreativo con programas integrales.

Las autoras de la investigación, encabezadas por la Dra. Raya Elfadel Kheirbek, relatan su experiencia en un ensayo clínico financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en el que debieron superar obstáculos regulatorios y logísticos que retrasaron meses la investigación.

La clasificación del cannabis en la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas de 1970 implica que se le considera sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso. Esto sitúa a la planta en una categoría más restrictiva que opioides como el fentanilo, obligando a los equipos de investigación a obtener licencias especiales, pasar inspecciones de la DEA y asegurar instalaciones con protocolos específicos.

Estos procesos, según la investigación, generan costes imprevistos y desincentivan a muchas instituciones académicas a explorar el potencial terapéutico del cannabis.

A pesar de la promesa terapéutica de los cannabinoides como el THC y el CBD para tratar condiciones como el dolor crónico, la epilepsia o el estrés postraumático, los grandes ensayos clínicos siguen siendo escasos. Esto deja a proveedores de salud y pacientes en una situación de incertidumbre, teniendo que tomar decisiones sin datos sólidos sobre dosis, interacciones o efectos a largo plazo.

Otro de los problemas señalados es el acceso limitado a cannabis representativo del mercado actual. Históricamente, los investigadores solo podían usar variedades de baja potencia cultivadas en la Universidad de Misisipi bajo contrato con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA). Aunque la DEA prometió en 2016 ampliar el número de proveedores, el proceso ha sido lento y para 2025 apenas unos pocos nuevos cultivadores están activos.

Frente a esta realidad, las autoras reclaman que se reconsidere la clasificación del cannabis y se traslade a la Lista III, lo que reduciría la carga regulatoria y facilitaría la financiación pública para estudios. También instan a reactivar iniciativas legislativas como el Medical Marijuana Research Act, estancadas desde 2019.

Resulta paradójico que mientras la legalización en Estados Unidos avanza a nivel estatal, la ciencia sigue rezagada por restricciones federales. Por lo mismo,  se vuelve fundamental reformar las políticas de investigación sobre cannabis no solo como un imperativo científico, es -a esta altura y por sobre todo- una cuestión de salud pública.