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El Senado de Colombia aprueba la ley para legalizar el cannabis

El proyecto ha llegado más lejos que ningún otro proyecto de legalización.

El Senado de Colombia ha aprobado esta semana el proyecto de ley para la regulación del cannabis de uso lúdico para adultos. Se trata del cuarto debate parlamentario que enfrenta este proyecto, que ha llegado más lejos que ningún otro proyecto de legalización y que avanza con paso decidido hacia su aprobación definitiva. Al proyecto todavía le quedan otros cuatro debates legislativos para convertirse en ley, que seguirán su curso a partir de marzo de 2023, cuando el Congreso colombiano retome las actividades legislativas tras la habitual pausa anual.

“¡Histórico! Por primera vez el proyecto que regula el #CannabisDeUsoAdulto alcanza el cuarto de sus ocho debates. Colombia avanza en una política de drogas basada en enfoque de prevención, respetuosa de las libertades y que genere oportunidades económicas”, publicó en su twitter el congresista Juan Carlos Losada, uno de los impulsores del proyecto de ley, al conocer la decisión del Senado.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, también ha celebrado el avance de la iniciativa. “Nunca estos proyectos habían llegado tan lejos y estamos muy cerca de que sean leyes de la República o reformas constitucionales”, afirmó, según recoge el diario Semana. El ministro destacó que “Colombia está rezagada frente a la necesidad de reglamentar toda esta producción y tener la posibilidad de cultivar y producir legalmente, no como una droga prohibida, sino más bien controlada por el Estado”, y dijo que la regulación “va a ser, con absoluta seguridad, una de las fuentes de ingreso más importantes para el pueblo, los campesinos y para el erario”.

La propuesta de ley incluye una legalización del consumo de cannabis para personas adultas y una regulación para permitir que las empresas operen comercialmente con el cannabis recreativo. La medida incluye un artículo para destinar parte de los impuestos recaudados con el cannabis a los gobiernos municipales y departamentales, con el fin de que se destinen a programas de prevención local y para fortalecer la descentralización.

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