Días atrás, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido cuando regresó a la capital de Manila, a partir de una orden que había emitido la Corte Penal Internacional (CPI) por la perpetración de crímenes de lesa humanidad cometidos durante su guerra contra las drogas. El ex dirigente, de 79 años, fue detenido en el aeropuerto internacional Ninoy Aquino, donde se produjo una escena caótica al desembarcar de un vuelo procedente de Hong Kong. Las autoridades, basándose en una notificación oficial de Interpol, lo pusieron inmediatamente bajo custodia.

Según una investigación en curso de la CPI, la guerra contra las drogas de Duterte dejó unos seis mil muertos en Filipinas. Sin embargo, diferentes estimaciones realizadas por organismos internacionales sostienen que han sido muchas más las víctimas fatales en ejecuciones extraoficiales. Durante los años de su presidencia, entre 2016 y 2022, organizaciones de derechos humanos acusaron a su gestión de cometer abusos sistemáticos contra usuarios de drogas y pequeños traficantes que, en general, provienen de los sectores más vulnerables socioeconómicamente. 

Bryony Lau, directora adjunta para Asia de Human Right Watch, dijo que la detención de Duterte es “un paso crucial para la rendición de cuentas en Filipinas” y aseguró que “nadie está por encima de la ley”.

Unos días antes de su detención, Duterte se dirigió a sus partidarios en Hong Kong y le restó importancia a la orden de detención de la CPI. “¿Qué he hecho mal?”, preguntó con sarcasmo, y luego afirmó que sus acciones estaban dirigidas a restablecer la paz y el orden en Filipinas. Sin embargo, el ex presidente ahora será juzgado por la corte de La Haya.