La última recopilación de la Bundesarbeitsgemeinschaft Cannabis-Anbauvereinigungen (BCAv) contabiliza 908 solicitudes y 474 autorizaciones en todo el país. También registra 90 expedientes rechazados, 131 retirados y nueve permisos revocados. Las cifras proceden de respuestas regionales recogidas en fechas distintas, entre mayo y septiembre de 2026.

En marzo, Alemania se acercaba a las 400 asociaciones autorizadas, con 397 permisos concedidos. Desde entonces se han sumado 77, un aumento cercano al 19 %. Renania del Norte-Westfalia concentra 138 autorizaciones sobre 246 solicitudes y Baja Sajonia, 99 sobre 148. Baviera registra 11 permisos sobre 46 expedientes, mientras Sajonia alcanza 29 sobre 37.

Las asociaciones de cultivo, habilitadas desde julio de 2024, forman parte del modelo alemán de acceso no comercial al cannabis. Solo pueden producir colectivamente para sus integrantes y no funcionan como tiendas abiertas al público. La ley permite entregar a miembros de 21 años o más hasta 25 gramos al día y 50 al mes. Entre los 18 y los 20 años, el máximo mensual es de 30 gramos y el cannabis no puede superar el 10 % de THC.

Sin embargo, una autorización bajo la ley del cannabis no resuelve por sí sola cuestiones de urbanismo, ubicación o adecuación de los espacios. En Cáñamo dimos cuenta cómo un club de Baviera quedó bloqueado por una licencia urbanística, un ejemplo de las barreras que pueden aparecer incluso después del permiso administrativo.

La evaluación oficial EKOCAN, publicada en abril, señaló que las asociaciones todavía no habían desarrollado todo su potencial y planteó simplificar determinadas normas de cultivo y entrega para reforzar su papel como vía legal de abastecimiento. El dato ayuda a poner los 474 permisos en perspectiva, porque el sistema crece pero su impacto depende de que las asociaciones consigan pasar del expediente aprobado al cultivo y la distribución efectiva.

Alemania ha ampliado en pocos meses su red legal de cultivo colectivo sin abrir un mercado comercial de uso adulto. La cifra muestra que el modelo avanza, la cuestión pendiente es cuánto de ese crecimiento administrativo se traducirá en acceso real y cuánto seguirá frenado por una regulación que mantiene diferencias marcadas entre territorios.