Semanas atrás, la Sala de Casación Penal de Costa Rica había elaborado un informe en el que sostenía que el proyecto de ley para regular todos los usos del cannabis sea votado en un referéndum popular no incidía en el funcionamiento de la Justicia. Sin embargo, la Sala IV de la Corte Constitucional resolvió finalmente que la regulación integral entraría en conflicto con tratados internacionales y vetó la posibilidad de que la sociedad se manifieste sobre esta iniciativa.

El tribunal falló que el proyecto para regular el uso adulto del cannabis viola el artículo 7 de la Constitución Política, el cual prioriza los tratados internacionales por encima de las leyes nacionales. Por este motivo, esta iniciativa no puede proceder mediante un referéndum sin entrar en conflicto con la carta magna.

“El Proyecto de Ley N.º 23.383, denominado ‘Ley sobre el control y regulación del cannabis para uso recreativo’, en esencia, declara que el proyecto es inconstitucional por contravenir la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961—aprobada por la Ley N.º 4544, del 18 de marzo de 1970—, la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas—aprobada por la Ley N.º 4990, del 10 de junio de 1972—, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas—aprobada por la Ley N.º 7198, del 25 de septiembre de 1990″, resolvió la Corte, sobre los tratados internacionales que forma parte Costa Rica.

La propuesta del referéndum había sido iniciada por el activista Erick González Camacho, quien también estaba recolectando firmas para obtener apoyo en la iniciativa. Si bien el Presidente, Rodrigo Chaves, apoya la regulación integral, por ahora el país solo mantendrá garantizado el acceso a los derivados de la planta para uso medicinal. “Legalizar la marihuana daría a los consumidores un acceso seguro al tiempo que reduciría los beneficios de las redes criminales”, aseguró el máximo mandatario hace dos años.