Autoridades de Hawái han señalado que el cannabis tiene uso médico reconocido y su estatus como sustancia de Lista I es inconsistente con la evidencia. Según informó la prensa local y recogió la cobertura especializada, la autoridad sanitaria (DOH) considera que ubicar el cannabis en Lista III podría facilitar la investigación, permitir guías clínicas más estandarizadas y aliviar trabas financieras del sector.

Sin embargo, la DOH precisó que una eventual reclasificación federal no modificaría automáticamente el programa estatal y que cualquier cambio de acceso o regulación requiere acción legislativa en Honolulu. La prioridad –remarcó la agencia– seguirá siendo la seguridad de pacientes, la calidad de los productos y la salud pública.

El tablero federal, entretanto, está en movimiento. El 11 de agosto de 2025, el presidente Trump afirmó que comunicaría “en semanas” su decisión sobre la reclasificación; la señal confirma que el tema dejó de ser periférico y entró en la agenda del Ejecutivo. En paralelo, la Cámara de Representantes –bajo mayoría republicana– avanzó con una cláusula en la ley de gasto que impediría al Departamento de Justicia usar fondos para reprogramar el cannabis. Esa maniobra legislativa agrega incertidumbre al calendario político y muestra que el desenlace no depende solo del anuncio presidencial, sino también de la letra chica presupuestaria y de cómo quede redactada la normativa final.

En el plano local, Hawái mantiene un debate abierto sobre el uso adulto. Propuestas para legalizar han llegado lejos en el Senado y luego se han estancado en la Cámara. Legisladores de ambos partidos reconocen la tendencia nacional hacia la regulación, pero difieren en tiempos y diseño. Entre los defensores, el énfasis está en cerrar la puerta al mercado ilícito y en asegurar estándares de calidad y etiquetado confiables; entre los escépticos, persisten dudas sobre el impacto social y la arquitectura regulatoria. Este tira y afloja explica por qué el archipiélago avanza por carriles graduales mientras observa la coyuntura federal.

Ese avance comenzó a verse con claridad este año. En abril se promulgó una ley para acelerar la cancelación de antecedentes vinculados con delitos de bajo nivel –incluidas faltas relacionadas con cannabis– dentro de un programa piloto de expurgos. En mayo se ampliaron los derechos de cuidadores en el sistema médico, permitiéndoles cultivar para hasta cinco pacientes, una demanda histórica de familias y personas usuarias. 

En julio, otra norma reforzó el control de productos de cáñamo al exigir registro estatal a distribuidores y comercios, con entrada en vigor a partir de 2026. Finalmente, en agosto, el DOH lanzó cursos gratuitos y acreditados para profesionales de la salud sobre cannabis medicinal y CBD, orientados a mejorar la formación clínica. Todas estas regulaciones son ajustes que, sin legalizar  todavía el uso adulto, modernizan el ecosistema local y preparan a las instituciones para cambios mayores.