El análisis del Ministerio de Regulación de Nueva Zelanda que respalda la reforma parte de una premisa elemental, la de que el cáñamo apenas contiene THC y no tenía por qué seguir regulado como una droga. Con ese argumento, el Gobierno derogó las Industrial Hemp Regulations de 2006, suprimió el régimen de licencias que gestionaba el Ministerio de Salud y, desde el 28 de mayo, permite cultivar tras una notificación previa a la Policía y al Ministerio de Industrias Primarias (MPI).
El nuevo techo de menos del 1,0 % de THC sustituye a un régimen que exigía concentraciones por debajo del 0,35 %, con un máximo del 0,5 %. Lejos de convertir al país en una excepción, lo alinea con jurisdicciones como Australia, Uruguay, la República Checa o Suiza, mientras Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y China se mantienen en torno al 0,3 %. Ese margen más amplio reduce el riesgo de que una cosecha deba destruirse, un problema que encarecía el cultivo de fibra y grano, el mismo sector por el que incluso Reino Unido ha vuelto a interesarse.
Detrás de la decisión hay una industria que se ha encogido. El propio Gobierno calcula que el sector pasó de valer entre tres y cinco millones de dólares neozelandeses en 2020 a menos de uno en 2025. El ministro de Regulación, David Seymour, indicó que las viejas reglas eran desproporcionadas para el riesgo y los cálculos oficiales prevén un beneficio neto de 41 millones en veinte años. Desde la industria, la lectura es de alivio tardío. "Nos prometieron una revisión en diez años; tardó veinte", resumió Richard Barge, presidente de la asociación del sector, que confía en que el cambio rebaje el estigma, una expectativa que también empujó a otros países como Moldavia a abrir sus reglas.
La apertura, eso sí, tiene fronteras claras ya que los cogollos y las hojas, donde se concentra el CBD, solo pueden destinarse a operadores de cannabis medicinal y el uso recreativo sigue prohibido. Tampoco se desbloqueó el mercado de alimentación animal, que se mantiene bajo registro por la ley de compuestos agrícolas y veterinarios, ante el temor a la transferencia de cannabinoides y al riesgo para las exportaciones de carne y leche. El Gobierno admite que harán falta más cambios para liberar todo el valor del sector, el mismo que en EE UU ya movía cientos de millones, y se comprometió a revisar la reforma e informar al gabinete en dos años.
La reforma confirma una idea que el movimiento por la regulación repite hace años, la de que tratar una planta agrícola con el manual del control de drogas añade costes y estigma. Nueva Zelanda lo corrige a medias –abre la fibra y el grano, pero deja la planta completa bajo sospecha– y esto mide hasta dónde llega, por ahora, la voluntad real de normalizar.
