El proyecto cuenta con otros catorce copatrocinadores demócratas. Su punto de partida es la eliminación del cannabis de la Controlled Substances Act. A partir de ahí, los estados conservarían la facultad de permitir o prohibir los mercados medicinales y de uso adulto, mientras el Gobierno federal asumiría competencias sobre producción, etiquetado, distribución, impuestos y competencia.

La propuesta crearía un centro especializado dentro de la FDA y trasladaría parte de la regulación al organismo federal que fiscaliza el alcohol y el tabaco. También establecería estándares de potencia y dosificación, programas para prevenir el consumo juvenil, medidas contra la conducción bajo los efectos del cannabis y nuevas líneas de investigación, incluidas pruebas clínicas con veteranos que padecen dolor crónico o estrés postraumático.

En tanto, los productores pequeños y medianos comenzarían con un impuesto especial del 5 %, que aumentaría gradualmente hasta un máximo del 12,5 %; para las compañías mayores, la escala iría del 10 % al 25 %. La propuesta eliminaría además la restricción que actualmente impide a las empresas de cannabis descontar gastos comerciales ordinarios.

La CAOA ordenaría eliminar automáticamente antecedentes federales por delitos no violentos de cannabis, permitiría revisar condenas vigentes y destinaría ingresos fiscales a comunidades afectadas por la guerra contra las drogas. El texto también busca impedir que el consumo o la posesión se utilicen por sí solos para negar beneficios federales o determinadas protecciones migratorias.

Esta vía legislativa es distinta de la reclasificación administrativa impulsada por el Gobierno de Donald Trump. En abril, el Departamento de Justicia colocó en la Lista III determinados productos con cannabis aprobados por la FDA o sujetos a licencias médicas estatales, mientras abrió un procedimiento para estudiar una reclasificación más amplia. Ese proceso reduce algunas restricciones, pero no sustituye una legalización federal ni crea por sí mismo un mercado nacional.

Si bien la CAOA concentra en una sola propuesta regulación comercial, salud pública, justicia penal y derechos laborales, su amplitud no garantiza que prospere. Antes deberá reunir mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes y recibir la firma presidencial, un recorrido que sus versiones de 2022 y 2024 no completaron debido a la falta de votos.