El estudio, firmado por la economista de salud Sara Markowitz y Katie E. Leinenbach, parte de una premisa simple: la “legalización” no ocurre el día que se aprueba una ley, sino cuando existe un canal real de acceso regulado. Con datos estatales y un diseño de comparación antes/después, las autoras ponen el foco en el inicio de operaciones de tiendas recreativas, no solo en el cambio normativo.

El hallazgo central es una reducción estadísticamente significativa en las tasas de suicidio de adultos mayores tras la apertura de dispensarios. En sus estimaciones, el efecto aparece con más fuerza en subgrupos específicos –personas blancas de mayor edad y hombres y mujeres blancos de mediana edad con menor nivel educativo–, un dato que las autoras conectan con perfiles donde el dolor y la carga de enfermedad pesan más. En contraste, no encontraron el mismo patrón en adultos jóvenes ni en estados que legalizaron sin abrir tiendas.

Para acotar explicaciones alternativas, el modelo incorpora variables de política pública asociadas a consumo y riesgo, como impuestos a cerveza y cigarrillos, y medidas centradas en opioides. Aun así, conviene leer el resultado con cautela ya que un análisis a nivel estatal no prueba causalidad individual ni permite saber quién usó cannabis, en qué dosis o por qué motivo. Además, al tratarse de un working paper del NBER, el debate metodológico sigue abierto y es esperable que reciba críticas o réplicas.

En una discusión muchas veces binaria, este trabajo obliga a mirar el “cómo” de la política de drogas considerando el acceso, regulación, información y vínculos con la salud mental. La evidencia es preliminar, pero nos interpela en si el acceso regulado se asocia a mejoras en un grupo vulnerable, ¿por qué no integrarlo con prevención del suicidio y atención del dolor en lugar de tratarlo como un tema aislado?