Los usuarios del cannabis tenemos grandes esperanzas puestas en esta legislatura que empieza. De Mónica García, la nueva ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, partido integrado en la plataforma Sumar que forma parte de la coalición de Gobierno, se espera que afronte con decisión la regulación del cannabis.
Recordemos lo que decían los representantes de Más Madrid con respecto al cannabis: “Se legislará para acabar con el vacío legal existente, despenalizando la producción para no favorecer a las mafias que se enriquecen con el tráfico ilegal, y se fomentará la información sobre los efectos del consumo de drogas para un consumo responsable y libre”.
Como Más Madrid / Más País, los partidos que integran Sumar (incluido Podemos, ahora en el Grupo Mixto) proponen una regulación íntegra del cannabis que contemple no solo despenalizar la producción para el propio consumo y el modelo de asociaciones cannábicas (CSC), sino también el comercio del cannabis, siguiendo el modelo americano, con una expedición de licencias administrativas para profesionales.
En el contexto europeo se está acordando un cambio de paradigma respecto al cannabis, reconociendo expresamente la realidad social, con planteamientos basados en los derechos humanos, la evidencia científica, la salud individual y colectiva y la necesaria protección de las personas vulnerables. Sin embargo, los planes de legalizar un mercado de compraventa de cannabis para adultos se están postergando. Así lo acaba de hacer el nuevo Gobierno en Luxemburgo, respetando, eso sí, la despenalización del consumo y la regulación del autocultivo para adultos. También el Gobierno Federal alemán ha aplazado el proyecto de ley relacionado con cadenas de suministro comerciales, de manera que, este 2024, solo regulará la autoproducción y los CSC, como ya ha hecho Malta.
Dada esta situación, parece improbable que el comercio con licencia tenga por ahora posibilidades de salir adelante en España. Los usuarios de cannabis tendremos que contentarnos en esta legislatura con que se regule la producción para consumo propio y los CSC, dos formas de acceso al cannabis que ya han sido aceptadas por Europa. Sin renunciar, en una segunda fase, a que se establezca un mercado legal para el cannabis, como ya se ha hecho en Canadá y en muchos estados de EE UU.
La legislatura acaba de empezar, pero no hay tiempo que perder si se quiere sacar adelante un proyecto de ley realista, acorde con la tendencia europea. En un ambiente político tan polarizado, la regulación debe hacerse al principio de la legislatura, para que su implementación pueda desarrollarse sin la histeria que antecede a las citas electorales.
Entre las tareas pendientes que tiene el nuevo ejecutivo respecto a las políticas de drogas también está derogar o volver a reformar la ley de seguridad ciudadana, la llamada “ley mordaza”, que, entre otras aberraciones, multa la posesión de cannabis al considerarla siempre como una tenencia ilícita.
Y, lo más urgente, dar a conocer lo que ha decidido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre el encaje legal de la regulación del cannabis con fines medicinales. Los enfermos no pueden esperar más.
