Reportajes recientes, como los de Xataka y El Periódico de Catalunya, sitúan el kilo de cocaína que entra por los puertos españoles en torno a 13.000 euros, frente a los 27.000–30.000 de principios de la década pasada, un desplome que las propias fuentes policiales vinculan a una “oferta brutal”. La Estadística Anual de Drogas 2024 del CITCO lo confirma registrando 123 toneladas de cocaína incautadas en un año, un 5,2% más que el anterior, dentro de las 366 toneladas de drogas intervenidas, lo que dibuja un mercado extraordinariamente abastecido pese a la presión policial.
La cocaína es mucho más barata para quienes compran grandes lotes, pero el gramo en la calle sigue costando casi lo mismo, de modo que la diferencia entre coste y precio final engorda los márgenes de beneficio. Energy Control habla de un momento de máxima pureza histórica y mínima adulteración, con medias por encima del 70%, lo que eleva el riesgo de sobredosis y complicaciones cardiovasculares para quienes siguen dosificando como si la calidad fuera menor. En la práctica, España combina sobreoferta, alta potencia del producto y una demanda consolidada, especialmente en contextos de ocio urbano.
A escala internacional, los datos de UNODC, la agencia europea de drogas y la DEA describen un patrón similar: en la última década la producción potencial mundial de cocaína ha alcanzado máximos históricos, superando las dos mil toneladas anuales, sin que el precio minorista se dispare en los grandes mercados. En Europa, el gramo oscila entre los 60–80 euros y en Estados Unidos va de 100 a 150 dólares, con purezas elevadas, lo que indica que la droga es hoy más potente y, en términos reales, más accesible que hace una década. Esta “estabilidad” revela la existencia de redes criminales capaces de desviar rutas, absorber incautaciones récord y seguir inundando los mercados sin trasladar el coste a los usuarios.
La fotografía que dejan estos datos cuestiona la lógica del prohibicionismo: incluso con decomisos históricos, la cocaína sigue siendo barata para los grandes intermediarios, accesible para los usuarios y muy rentable para las organizaciones criminales. Mientras la respuesta institucional se centra en incautaciones y penas más duras, la combinación de producción récord, pureza elevada y precios estables demuestra que el mercado se adapta mejor que las políticas públicas. Por eso, un enfoque basado en la regulación, prevención y servicios sólidos de reducción de daños resulta clave para atenuar el impacto social y sanitario de la cocaína, más allá de la falsa sensación de control que ofrecen las estadísticas de incautaciones.
