Técnicamente la PNL conlleva que el Gobierno de Canarias deberá instar formalmente al gobierno del Estado para que lleve a cabo una regulación. Es decir, la PNL no tiene por qué tener consecuencias directas sobre una regulación, sino que funciona como mecanismo para elevar la petición al Gobierno español. La iniciativa fue defendida por el portavoz del Grupo Socialista, Iñaki Lavandera, quien defendió la labor que los clubs de cannabis realizan, facilitando el acceso al cannabis medicinal a pacientes que lo necesitan.

El portavoz hizo mención a la PNL presentada en la misma cámara en 2017, destinada a la regulación de los clubs de cannabis, y recordó que estos siguen necesitando una regulación. El texto de la PNL insta al Gobierno de España a llevar cabo “las modificaciones legales oportunas para regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis y derivados de éste, bajo estricta indicación y supervisión médica, para aquellas patologías en las que haya demostrado eficacia o el facultativo lo considere indicado”.

La PNL también eleva al Gobierno central la necesidad de “establecer un sistema de evaluación de los impactos en la salud pública, en especial, de la calidad de vida de los pacientes tratados con estos tratamientos”.