La autorización, que figura en el registro público de la AEMPS actualizado en mayo de 2026, habilita a la empresa para cultivar y producir los lotes necesarios para validar el proceso de fabricación de principios activos estupefacientes con fines médicos. Eso sí, antes de poder comercializar, Taima debe completar tres lotes que demuestren homogeneidad y consistencia bajo los estándares de la agencia reguladora.

Mo Alyasini, fundador y director ejecutivo de la compañía, llegó a España desde California en 2016 y tras más de siete años de trámites logró la licencia. Según declaró al sitio especializado Business of Cannabis, el proceso exigía tener contratos cerrados con importadores autorizados en los países de destino, equipo técnico cualificado e instalaciones operativas antes de que la AEMPS actuara. La empresa opera una instalación indoor en la comarca de la Ribera donde controla luz, temperatura, humedad y nutrientes de forma automatizada.

Taima emplea a seis especialistas –entre ellos responsables de calidad y producción con experiencia en Uruguay y Portugal– y prevé ampliar la plantilla a unos diez trabajadores tras la validación. Su objetivo inicial es producir unos 1.250 kilogramos anuales de cogollos, con una meta a largo plazo de hasta nueve toneladas, destinadas a importadores en Reino Unido y Alemania, los dos mayores mercados europeos de cannabis medicinal. La apuesta exportadora tiene como contexto que Alemania batió su récord de importación de cannabis medicinal en 2025 y la demanda europea sigue en ascenso.

En España, la dispensación doméstica de cannabis sigue restringida a preparados estandarizados bajo fórmula magistral en farmacia hospitalaria, tal como establece el Real Decreto 903/2025 aprobado en octubre pasado, un modelo que los farmacéuticos comunitarios ya han cuestionado por considerar que los excluye de la cadena de dispensación. Con respecto al consumo recreativo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, reiteró ante la Comisión Mixta del Senado sobre adicciones que la legalización del uso adulto no forma parte de los planes del Gobierno y que el único marco vigente es el medicinal.

En este sentido, el caso de Taima ilustra una paradoja del modelo español que, por un lado autoriza el cultivo, invierte años en fiscalizar instalaciones y equipos y forma profesionales capaces de producir cannabis de grado farmacéutico, pero, por otro, su propio mercado interno apenas permite dispensar el producto bajo fórmula magistral hospitalaria dejando que su producción nacional de cannabis siga orientada casi en su totalidad a mercados exteriores que sí han abierto sus marcos regulatorios.