El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha estimado una reclamación presentada por Mifco Biobrands, S. L. y ha ordenado al Ministerio de Sanidad a entregar información detallada sobre las condiciones de las licencias de cultivo y producción de cannabis con fines médicos y científicos en España, corrigiendo la práctica de publicar solo un listado básico.

La resolución del CTBG exige que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) facilite datos que ya obran en su poder y que, según el organismo, no requieren una “reelaboración compleja”. Entre ellos, las condiciones concretas de cada autorización vigente, más allá del listado público que la agencia actualiza periódicamente. El Consejo fija un plazo administrativo breve para responder, lo que marca un punto de inflexión frente a la opacidad que el sector venía denunciando.

La solicitud de acceso a la información formulada en febrero de 2025 por Mifco Biobrands iba más allá de conocer qué compañías cuentan con licencia. Pedía transparencia sobre parámetros sensibles para la competencia y la trazabilidad como la existencia y titularidad de bancos de germoplasma (colecciones de material genético de la planta), origen del material vegetal (importación o bancos nacionales) y finalidades autorizadas como investigación, producción o validación de lote.

El impacto en el mundo empresarial cannábico puede ser significativo. Según recuentos periodísticos recientes, en España operan cerca de una veintena de compañías con autorizaciones vigentes para cultivar cannabis con fines médicos o de investigación. Conocer las condiciones de concesión y el origen del material genético permitirá calibrar barreras de entrada reales, prácticas de abastecimiento y eventuales asimetrías de información en un mercado todavía acotado.

El contexto regulatorio ayuda a entender la relevancia del fallo. Aunque el Congreso instó en 2022 a desarrollar un marco de acceso terapéutico, el despliegue se ha retrasado. En 2024, Sanidad sometió a consulta pública un borrador de real decreto para regular fórmulas magistrales estandarizadas de preparados de cannabis, con prescripción especializada y elaboración en farmacia hospitalaria. Mientras la norma no se concreta y los canales de dispensación siguen limitados, la transparencia sobre licencias y cadenas de suministro cobra más peso público.

Como antecedente, el CTBG ya había abordado solicitudes de información sobre cannabis medicinal dirigidas a Sanidad y la AEMPS. En 2024 desestimó una reclamación por considerar que el requerimiento –muy amplio en tiempo y contenido– implicaba una reelaboración excesiva. La diferencia ahora es que se solicita abrir los  datos existentes y desagregados en expedientes administrativos.

La transparencia en torno a licencias, material genético y condiciones de autorización no es un detalle burocrático, ya que ordena el terreno de juego y protege el interés público. Más aún en un país donde el uso medicinal del cannabis avanza con altibajos, saber cómo y bajo qué reglas se otorgan las licencias es un paso mínimo, pero imprescindible.