La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una planta de cultivo de una empresa catalana registrada como productora de cáñamo industrial. Durante la intervención, los agentes han incautado más de seis toneladas de material vegetal, reunidas a partir 3,5 kilos de cogollos envasados al vacío, 305 kilos de extracciones en forma de hachís, 97.000 esquejes y más de 100.000 plantas cultivadas en 32 hectáreas de terreno.

La policía intervino la nave de la empresa, situada en Vilassar de Mar (Barcelona), alegando que su actividad era ilegal por no contar con el permiso de la Agencia del Medicamento. Este es el argumento defendido por la Fiscalía Antidroga, que considera que cualquier cultivo destinado a la obtención de cogollos es ilegal, aunque la cantidad de THC sea menor del 0,2%. Esta consideración de la Fiscalía entra en conflicto con algunas de las leyes españolas y con la declaración emitida por la Comisión Europea, por la que afirmó que el CBD no era un narcótico. Por esto, varios tribunales españoles han dado la razón a empresas de cáñamo industrial y CBD a las que la policía les había intervenido sus plantas.

Según los detalles publicados por El País, la empresa operaba desde 2018 y ya había sido inspeccionada con anterioridad. La policía defiende que la empresa se dedicaba a “la distribución de marihuana a gran escala”, a la “obtención de cogollos y posterior manufactura y empaquetado de los mismos al vacío para su venta en el mercado negro”, y a la venta de “esquejes de marihuana de plantas madre”.

La mayoría de lo incautado ya ha sido quemado bajo la tutela del juzgado de instrucción 2 de Mataró. Hay cinco personas detenidas, que han sido puestas en libertad acusadas de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, pues según los detalles difundidos por la policía, la empresa tenía enganches ilegales a la red eléctrica.