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Las políticas de los Estados europeos sobre el cannabis en el último año

Un resumen de lo ocurrido en el último año en Europa.

Este ha sido un año con importantes iniciativas y avances legislativos en materia de cannabis en varios Estados europeos. Hace algo más de dos años que Luxemburgo apunta a convertirse en el primero de Europa en regular el cannabis recreativo, pero el país no ha hecho apenas cambios debido a la pandemia del covid-19. En mayo la ministra de Salud confirmó que el proyecto se seguía trabajando y que “se había avanzado mucho desde el 2019” en la propuesta, que forma parte del pacto de coalición de los actuales socios de Gobierno.

Otro país europeo que lleva la delantera en el asunto del cannabis recreativo es Suiza, donde este año han aprobado la puesta en marcha de un programa piloto de acceso al cannabis recreativo. Parece que los suizos serán los primeros europeos en tener un acceso legal al cannabis para uso adulto facilitado por el Gobierno del país. El programa está en marcha desde el pasado 15 de mayo, lo que quiere decir que están en proceso de concesión de licencias para el cultivo y se espera que a partir del año que viene las 5000 personas —que tendrán que ser consumidores previos y mayores de edad— empiecen a acceder al cannabis. Con él, el Gobierno pretende evaluar el impacto que tendría una política de regulación del cannabis permanente y conformar “una base científica para la futura regulación del cannabis”.

El top 3 de países cerca de la regulación recreativa lo completa Países Bajos. Aunque sus coffeeshops pueden confundir, en realidad el país no cuenta con una regulación del cannabis recreativo sino estos funcionan en un vacío legal. Los famosos coffeeshops pueden vender legalmente cannabis a adultos pero tienen que abastecerse ilegalmente, pues la ley no contempla ni el cultivo para venta ni tampoco las compras de grandes cantidades de cannabis. El gobierno pretende poner fin a este sinsentido legal y promover una regulación del cultivo nacional de cannabis para que abastezca legalmente a los coffeeshops. Para ello lleva más de un año trabajando en un programa piloto para ver qué tal funcionaría algo así. El programa se llevará a cabo en 10 municipios cuyos alcaldes han accedido a formar parte del proyecto y estaba previsto que se iniciara este otoño pero está habiendo algunos retrasos.

También conviene mencionar la regulación medicinal en Irlanda, que desde el pasado junio permite la dispensación de preparados de cannabis medicinal para una pequeña parte de sus pacientes. La ley aprobada sólo permite el acceso al programa de cannabis medicinal a pacientes con tres patologías y por el momento los médicos sólo podrán recetar aceites y cápsulas de cannabis siempre que hayan agotado otras opciones disponibles de tratamiento. Y en Dinamarca el Parlamento aprobó una ampliación de cuatro años más para el programa piloto de dispensación de cannabis que fue lanzado en 2018. Estaba previsto que finalizase en diciembre de 2021, pero ahora se ha prorrogado hasta final del 2025

Más cerca de nuestra geografía, los tres países con los que España tiene frontera —Portugal, Francia y Marruecos— también han conseguido algunos hitos que demuestran que en España vamos a la cola. Portugal, que ya tenía una regulación del cannabis medicinal aprobada en 2018, ha introducido desde esta primavera los cogollos de hasta 18% de THC como opción terapéutica de venta en farmacias. En Francia ya está en marcha el programa piloto de cannabis medicinal al que podrán acceder hasta 3000 pacientes, algunos de los cuales ya están accediendo a dispensación de cogollos y aceites producidos por seis empresas internacionales que asumen todo el costo. Los participantes serán supervisados durante los dos años que durará el programa para estudiar una futura regulación permanente.

Marruecos —que queda fuera de Europa pero lo metemos en este apartado— también ha aprobado este año una regulación para el cannabis, en este caso para regular la producción nacional de cannabis no psicoactivo (con niveles muy bajos de THC). La propuesta fue impulsada por el Gobierno y aprobada definitivamente en junio, y tiene como objetivo regular una parte del sector del cannabis ilegal para generar mejores condiciones para los agricultores y dar lugar a una industria legal que genere más puestos de trabajo y más ingresos para el estado. Según el ministro del Interior, los agricultores del cannabis deberán agruparse en cooperativas para cultivar y vender el cannabis, que será comprado por el Estado. Y se quedaba otro país fronterizo en el tintero, Andorra, donde el Gobierno ha encargado un estudio para valorar la creación de una industria de producción de cannabis medicinal en el país.

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