La sentencia de la Suprema Corte de la Nación en México ha dejado esta semana sin efecto cinco artículos de la Ley General de Salud que sancionaban el cultivo, uso y posesión de cannabis para uso personal, generando una situación legal anómala que los legisladores deben ahora solventar. La Suprema Corte decidió aprobar una Declaratoria General de inconstitucional para los artículos de la ley después de esperar a que el poder legislativo realizará una regulación que no ha sido capaz de completar en dos años.
En la situación actual los mexicanos pueden usar y cultivar cannabis, pero para ello deben pedir un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), perteneciente a la Secretaría de Salud, que en teoría les será concedido siempre que sean mayores de edad. El fallo de la Suprema Corte solo autoriza el consumo personal en espacios privados, mientras que el uso en espacios públicos continúa siendo un delito, así como la venta o distribución a terceros.
Tampoco hay establecida una cantidad límite para el cannabis que se puede poseer para uso personal, ni ninguna otra cuestión más allá de las mencionadas. Es por esta razón que la situación urge de la intervención de los legisladores para que establezcan un marco legal definido tanto para el uso como para el cultivo y la comercialización de la planta.
Según ha informado la agencia EFE, el líder coordinador del partido Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, ha dicho que propondrá la regulación del cannabis con carácter prioritario para el próximo periodo de sesiones legislativas que se iniciará en septiembre. El diputado señaló que la sentencia del tribunal ha generado una situación problemática puesto que no existe una regulación prevista para el cannabis y aún hay artículos en el Código Penal que penalizan el uso de la planta.
“[Desde la Suprema Corte] Han generado un gran problema para aplicar en la práctica su resolución”, dijo Monreal en declaraciones recogidas por EFE. Según el diputado el uso del cannabis no ha quedado completamente despenalizado porque “no se tocó ni un solo artículo del Código Penal y sigue siendo delito”.
