El análisis separó tres periodos (2015–2019, 2020 y 2021–2023) y midió el uso en los últimos 30 días. La categoría de “solo cannabis” pasó de 3,9% en 2015–2019 a 6,5%, subió a 7,1% en 2020 y alcanzó 10,6% en 2023. En sentido inverso, el grupo “solo cigarrillos” descendió de 15% a 12% en 2015–2019, cayó a 10,3% en 2020 y llegó a 8,8% en 2023. La co‑ocurrencia cannabis‑cigarrillos se mantuvo relativamente estable durante todo el periodo.

El estudio también describe diferencias socioeconómicas. El tabaquismo resultó más prevalente entre personas adultas con menor nivel educativo, menores ingresos o sin seguro, mientras que el uso exclusivo de cannabis fue más común entre quienes tenían estudios universitarios, ingresos más altos y seguros privados. Las autoras advierten que estas tendencias requieren políticas de prevención y educación específicas por grupos.

Como contexto adicional, los datos federales confirman que el tabaquismo sigue a la baja en el país. De acuerdo con estimaciones preliminares del sistema de encuestas de salud (NHIS) para 2024, el 9,9% de las personas adultas dijeron fumar cigarrillos, un mínimo histórico reciente. En paralelo, NSDUH 2023 ratifica que el cannabis es la sustancia fiscalizada de mayor uso en el último año dentro de la población de 12+ años, lo que ayuda a dimensionar el cambio cultural de la última década.

Desde una perspectiva de salud pública, el hallazgo clave no es solo el cruce de curvas entre cannabis y tabaco, sino la necesidad de encuadrar el fenómeno en reducción de daños: información clara sobre potencias y vías de administración, etiquetado y control de calidad en mercados regulados, y acceso a apoyo clínico para quienes desarrollen uso problemático. Más allá de los términos alarmistas, lo que importa es ajustar las respuestas sanitarias a comportamientos reales de consumo.

La caída del tabaco y el ascenso del cannabis confirman un cambio de hábitos en EE UU. Frente a ese panorama, las políticas públicas coherentes no pasan por volver al punitivismo, sino por regular con criterios de salud, vigilar inequidades y fortalecer herramientas de reducción de riesgos. La evidencia empuja a una conversación más honesta y menos moralizante.