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Legisladores de EE UU quieren obligar a la DEA a permitir el uso de psilocibina medicinal

En EE UU los pacientes terminales tienen derecho a probar fármacos que aún no han sido aprobados, pero la DEA está impidiendo que se usen psicodélicos.

Un grupo de legisladores republicanos y demócratas ha presentado un proyecto de ley para obligar a la DEA a permitir que los pacientes terminales del país tengan derecho a usar sustancias psicodélicas que actualmente están en fase de investigación. El proyecto está destinado a clarificar el conocido como “derecho a probar”, una política que permite el uso terapéutico de fármacos que aún no han sido aprobados, que fue aprobada por Trump pero que la DEA lleva años impidiendo que se aplique en la práctica.

Según Marijuana Moment la medida introduciría una enmienda técnica al texto de ley que ya existe con el objetivo de dejar claro que los pacientes terminales tienen derecho a usar estas sustancias, con el fin de evitar las objeciones interpuestas por la DEA. “Los pacientes y los médicos merecen hablar sobre los tratamientos, incluida la psilocibina, que los investigadores encuentran que brindan un alivio inmediato y sostenido del dolor, la ansiedad y la depresión para las personas que luchan contra una enfermedad terminal”, dijo el representante demócrata Earl Blumenauer, uno de los dos principales patrocinadores de la medida.

“La DEA, sin embargo, se ha negado a adaptarse a las leyes del derecho a probar y ha negado a los pacientes con enfermedades terminales la libertad de elegir sus tratamientos [...] Es por eso que la Ley de Aclaración del Derecho a Probar es necesaria para garantizar que los pacientes tengan el Derecho a Probar estas opciones de tratamiento”, declaró Blumenauer.

La batalla para intentar forzar a la DEA a cumplir la ley del Derecho a Probar viene de lejos. En 2021 un médico de Seattle presentó una demanda contra la DEA después de que la agencia antidroga le denegase una solicitud para proveer psilocibina a un paciente terminal. A la demanda se sumaron nueve fiscales generales del país. Sin embargo, en 2022 la demanda fue rechazada por la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito.

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