Desde septiembre de 2020 ha sido un año de expansión y auge del CBD, pero también de mucha represión, dudas y sentencias judiciales. Ha habido una de cal y una de arena durante los últimos meses con las mejores noticias al principio y las peores al final. En octubre de 2020 varios diarios se hacían eco de las numerosas fincas de cultivo de cáñamo industrial que había en España, sumando 200 hectáreas entre las provincias de Granada y Almería, y 300 en Cataluña. Ese mismo mes se presentó el Polo Tecnológico del Cáñamo en Badajoz, un centro de investigación y desarrollo del cáñamo industrial para Extremadura. Meses más tarde la Universidad Politécnica de Cataluña inauguró un proyecto similar para la investigación y el desarrollo del cáñamo industrial y sus múltiples usos: el Cannabis Hub. Ambos centros se han puesto a funcionar este año y han organizado jornadas sobre los usos industriales del cannabis, eventos que también se han celebrado en otras geografías españolas.
Mientras tanto las tiendas y los productos de CBD han seguido proliferando por la geografía española en un vacío legislativo que también existe más allá de nuestras fronteras. En noviembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que un estado no puede prohibir la importación y comercialización de CBD extraído de la totalidad de la planta del cannabis desde otro país de la UE. En la misma sentencia manifestó que el CBD no tiene efectos psicotrópicos y no es nocivo para la salud humana, por lo que no puede ser considerado un narcótico. Siguiendo la sentencia del tribunal, la Comisión Europea informó tres semanas más tarde que el cannabinoide CBD no se considera un narcótico y que puede ser comercializado como alimento en la Unión Europea.
En España el Gobierno no se ha preocupado de desarrollar una ley que delimite las actividades legales de las ilegales pero a lo largo del año ha habido pronunciamientos desde los ministerios y la administración. En diciembre el Comisionado para el Mercado de Tabacos advirtió que el CBD es una sustancia ilegal en España y que el cannabis está prohibido por los convenios internacionales “independientemente de su contenido en THC”, afirmando que está prohibido vender estos productos en los estancos e instando a su retirada.
Más tarde, en abril, fue el Ministerio de Agricultura el que publicó estos mismos argumentos en una nota de prensa en la que también decía que la prohibición no se aplica a las plantas de cannabis con fines industriales, pero que eso sólo incluye aquellas destinadas “a la obtención de fibra, grano y semillas”, y siempre que carezcan de THC. Según el Ministerio, el resto de cultivos de plantas de cannabis requieren de una autorización previa de la Agencia Española del Medicamento para su cultivo.
Quienes más han sufrido esta falta de marco legal claro han sido los agricultores y demás empresarios del CBD. En diciembre los dos máximos responsables de la empresa Unión Verde fueron condenados a cuatro años de cárcel cada uno y a pagar dos millones de euros en multas. La policía intervino su finca de cáñamo industrial legal y aunque durante el juicio no se pudo demostrar que las plantas tuvieran un contenido de THC superior al 0,2% legal, la Audiencia decidió condenar a los dos empresarios valorando que habían escondido algunos kilos de cogollos durante la intervención policial. En una sentencia más reciente, una jueza de Almería impuso una condena de tres años de cárcel y una multa de 1,9 millones de euros a un agricultor de cáñamo industrial al estimar que la plantación estaba destinada a su venta “como estupefaciente”, a pesar de que las semillas estaban certificadas para uso legal agrícola y la plantación había sido registrada en la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía.
En otra sentencia reciente, en este caso emitida en julio, un juez de Valencia absolvió al propietario de una tienda de CBD apoyándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictó que los productos con CBD que no superen el 0,2% de THC no son un narcótico y no puede prohibirse su comercialización dentro de la Unión Europea si han sido producidos legalmente en uno de sus países. Una buena noticia para el sector de los empresarios con tiendas de CBD que este año han sufrido numerosas intervenciones policiales. La última de estas operaciones ocurrió en junio, cuando agentes policiales de distintos cuerpos realizaron intervenciones en tiendas de La Rioja, Navarra, Madrid, Andalucía, y Cataluña dedicadas a la venta de productos cannábicos. Los agentes precintaron una gran cantidad de ellos, especialmente cogollos de cannabis ricos en CBD y semillas de cannabis. La situación sigue siendo confusa y a día de hoy siguen habiendo diferentes interpretaciones legales sobre si los cogollos del cáñamo industrial con menos del 0,2% de THC están sujetos a la prohibición del cannabis o no.
