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Senadores mexicanos insisten en que regularán el cannabis

La regulación del uso recreativo es un deber impuesto a los legisladores por una sentencia pero llevan años sin cumplirla.

El cannabis es uno de los grandes temas pendientes de los legisladores mexicanos. La regulación del uso adulto de marihuana y derivados es un deber impuesto a los legisladores por una sentencia de la Suprema Corte, pero arrastran su incumplimiento desde hace años. La regulación ha sido anunciada varias veces y hasta llegó a aprobarse un texto de ley en el Senado y la Cámara de Diputados, pero siempre ha acabado sin lograrse un acuerdo mínimo entre los partidos para poder sacarla adelante.

La semana pasada, el senador Rafael Espino de la Peña, del partido Morena, dijo que el Senado continuará el trabajo para crear una legislación completa sobre el cannabis. El senador nombró la necesidad de acometer la regulación del cannabis para acabar con las desastrosas consecuencias de la prohibición de la planta, debilitar a las mafias que controlan el narcotráfico y proteger la salud pública.

“Su cultivo, producción, posesión, aplicación y distribución, reguladas por una legislación y con una política pública adecuadas pueden traer importantes beneficios económicos”, dijo el senador, según recoge una nota de prensa del partido. “El uso del cannabis para fines terapéuticos, industriales o lúdicos es un asunto de salud y seguridad públicas; de desarrollo económico; y de garantía de la libertad de decidir, de manera informada, sobre su consumo”, expresó.

Aunque el derecho a consumir cannabis fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia, todavía no hay ninguna ley que regule ese derecho. Además, este año, el mismo tribunal dio un revés a los usuarios de cannabis con un fallo en el que reconoció la posesión de cannabis como un delito susceptible de ser perseguido por la policía y castigado por los jueces. Con ese fallo, la corte sentó un precedente que va en contra de sus anteriores sentencias, pues penalizar la posesión entra en contradicción con el derecho a usar cannabis que había reconocido anteriormente. El fallo ampara los registros y detenciones policiales a usuarios de cannabis y deja en manos de los jueces atenerse a una u otra sentencia de la Corte.

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